Revisa la política de tu canal interno de denuncias (Markdown) frente a la Ley 2/2023 española: plazos, anonimato, responsable del sistema, libro-registro y represalias. Sin conexión, sin telemetría. Todo se ejecuta en tu navegador: no se sube nada.
Consigue la versión completa — $29 · $29 una vez · una clave de licencia por persona o puesto de equipo · devolución íntegra en 7 días. Implantar el canal con una consultoría de compliance cuesta entre 1.500 € y 5.000 €.
El mismo motor que la extensión de VS Code, byte a byte.
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Revisa la política de tu canal interno de denuncias, artículo por artículo
Implantar el canal con una consultoría de compliance cuesta entre 1.500 € y 5.000 €.
Comprar la versión completa — $29Lee el documento Markdown en el que está escrita la política de tu canal interno de denuncias y aplica 11 reglas sacadas de la Ley 2/2023. Cada hallazgo aparece en la línea que lo provoca, con el artículo delante y con la frase que falta: acuse en 7 días, respuesta en 3 meses, anonimato, libro-registro, represalias.
Para quien mantiene el texto de la política en una empresa española obligada a tener sistema interno de información: responsables de cumplimiento, asesorías laborales que redactan la política de varios clientes y equipos técnicos que publican ese documento en un repositorio junto con el resto de la documentación interna.
Un chatbot redacta una política que suena bien, pero no comprueba línea a línea el documento que ya tienes. Las plantillas que circulan dicen «acuse de recibo en 10 días hábiles» o excluyen las comunicaciones anónimas, y eso es justo lo que la Ley 2/2023 no permite. Aquí cada aviso cita su artículo.
Gratis, y completo para un documento: las 11 reglas sobre la política que tienes abierta en el editor, más la misma revisión en una página web sin instalar nada. La versión completa cambia de eje: revisa todos los documentos de política del espacio de trabajo a la vez y escribe un informe fechado que guardas.
Implantar el canal con una consultoría de compliance cuesta entre 1.500 € y 5.000 €. Y el riesgo del otro lado está tasado: no disponer de un sistema interno de información es infracción muy grave, con multa de 600.001 a 1.000.000 € para personas jurídicas. La extensión cuesta $29 una vez.
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