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Ejemplo resuelto
Números reales de esta herramienta, línea por línea.
11 hallazgos en una sola página: eso devuelve la política de canal de denuncias que acompaña a esta extensión como ejemplo incompleto —una plantilla copiada, de las que circulan por asesorías y departamentos de RRHH españoles— cuando se lee artículo por artículo. Diez son errores y uno es un aviso. La política existía, estaba firmada y colgada en la intranet.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, obliga a las empresas de más de cincuenta personas a tener un sistema interno de información. Casi todas lo tienen: un formulario en la intranet y un documento de política. El documento es la parte que nadie vuelve a leer. Y es la parte que un inspector lee primero, porque ahí está escrito lo que la empresa promete hacer con cada comunicación.
Los cinco fallos que se repiten
El primero son los plazos. La plantilla dice «acusaremos recibo de la denuncia en un plazo de 10 días hábiles». El artículo 9.2.b da 7 días naturales, que no son lo mismo ni en número ni en calendario. Y donde el texto dice «la investigación concluirá en un plazo razonable», el artículo 9.2.i fija un plazo máximo de respuesta de 3 meses desde el acuse de recibo, ampliable otros tres cuando el asunto revista especial complejidad.
El segundo es el anonimato. «No se admiten comunicaciones anónimas: el informante debe indicar su nombre y su puesto» es una frase frecuente y directamente contraria al artículo 7.3, que obliga a admitirlas.
El tercero es la vía verbal. Si la política sólo nombra el formulario web y el correo electrónico, falta lo que piden los artículos 7.1 y 7.2: comunicación verbal, por teléfono o por sistema de mensajería de voz, y una reunión presencial dentro de los 7 días si el informante la pide.
El cuarto es quién manda. «El departamento de RRHH gestionará las denuncias» no cumple el artículo 8.1: hace falta un Responsable del Sistema designado por el órgano de administración, que ejerza sus funciones de forma autónoma.
El quinto son los datos. «Los expedientes se conservarán durante 10 años» choca con el artículo 32.2: transcurridos 3 meses desde la recepción sin que se hayan iniciado actuaciones de investigación, esos datos ya no pueden seguir en el canal. Y falta el libro-registro del artículo 26, que es lo que se enseña cuando la autoridad pregunta.
Por qué se mira ahora
Porque el coste está tasado. No disponer de un sistema interno de información es infracción muy grave, con multa de 600.001 a 1.000.000 € para personas jurídicas, y adoptar represalias contra quien informa está en la misma casilla. La política que no prohíbe las represalias de forma expresa —artículo 36— deja ese punto sin escribir precisamente donde la ley mira.
Qué hace la extensión
Abre el documento en VS Code, ejecuta un comando y cada hallazgo aparece en la línea del texto que lo provoca, con el artículo delante. Son 11 reglas: del artículo 5.2, que pide revisar el sistema al menos cada 3 años, al artículo 36. El ejemplo correcto que también viene dentro devuelve 0 hallazgos, así que se ve de un vistazo qué frase arregla cada aviso.
Todo ocurre en tu máquina: sin red, sin telemetría, el documento no sale de ahí. La misma revisión está en una página web gratuita, para pegar la política y mirarla sin instalar nada.
Gratis se termina el trabajo de un documento. La versión completa cambia de eje —el alcance y lo que te llevas—: todos los documentos de política del espacio de trabajo en una pasada y un informe fechado que guardas y entregas al auditor. Como referencia, implantar el canal con una consultoría de compliance cuesta entre 1.500 € y 5.000 €.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace exactamente esta extensión?
Lee el documento Markdown en el que está escrita la política de tu canal interno de denuncias y aplica 11 reglas sacadas de la Ley 2/2023. Cada hallazgo aparece en la línea que lo provoca, con el artículo delante y con la frase que falta: acuse en 7 días, respuesta en 3 meses, anonimato, libro-registro, represalias.
¿Para quién es?
Para quien mantiene el texto de la política en una empresa española obligada a tener sistema interno de información: responsables de cumplimiento, asesorías laborales que redactan la política de varios clientes y equipos técnicos que publican ese documento en un repositorio junto con el resto de la documentación interna.
¿No me vale un chatbot o una plantilla gratuita?
Un chatbot redacta una política que suena bien, pero no comprueba línea a línea el documento que ya tienes. Las plantillas que circulan dicen «acuse de recibo en 10 días hábiles» o excluyen las comunicaciones anónimas, y eso es justo lo que la Ley 2/2023 no permite. Aquí cada aviso cita su artículo.
¿Qué es gratis y qué pide clave?
Gratis, y completo para un documento: las 11 reglas sobre la política que tienes abierta en el editor, más la misma revisión en una página web sin instalar nada. La versión completa cambia de eje: revisa todos los documentos de política del espacio de trabajo a la vez y escribe un informe fechado que guardas.
¿Cuánto cuesta hacerlo de otra forma?
Implantar el canal con una consultoría de compliance cuesta entre 1.500 € y 5.000 €. Y el riesgo del otro lado está tasado: no disponer de un sistema interno de información es infracción muy grave, con multa de 600.001 a 1.000.000 € para personas jurídicas. La extensión cuesta $29 una vez.
¿Por qué no preguntarle a ChatGPT u otra IA?
Un chat de IA general responde con datos de entrenamiento con fecha de corte, no puede leer tu repositorio y no indica la versión de la norma. Canal de Denuncias Lint — Ley 2/2023 (ES) revisa el archivo abierto con 11 reglas, cada una con su base legal u oficial, de un conjunto fechado el 2026-09-20 y señala la línea exacta. Para una declaración, una auditoría o un cliente necesitas ese resultado fechado sobre tus propios archivos.
Pregunta sobre esta herramienta
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